No hay dudas de que existe un mundo anterior al Covid-19 y otro posterior. Hasta que no se desarrolle una vacuna, el mundo tendrá que adaptarse al oxímoron, tan popular como engañoso, de ‘nueva normalidad’ y que consiste, grosso modo, en mantener una distancia de seguridad de unos dos metros, lavarse las manos con mucha frecuencia y evitar las aglomeraciones. En definitiva: aprender a convivir con el virus.
Desde una óptica empresarial, en muchos casos los cambios han sido abruptos (recordemos que se pasó de la noche a la mañana del trabajo presencial al remoto, alterando los procesos y las rutinas de centenares de compañías), cuando no trágicos (según datos de la Seguridad Social, solo en el mes de junio desaparecieron más de 650 empresas de más de 50 trabajadores). Y aquellas compañías que, afortunadamente, han conseguido volver con toda la plantilla a sus puestos de trabajo se han encontrado con el intenso chaparrón de la ‘nueva normalidad’.
El primer gran problema son las oficinas en sí. Aquellas compañías que necesitan desarrollar su labor en un entorno físico han visto que no hay espacio suficiente para respetar la distancia de seguridad. Nadie contemplaba un escenario como el actual. Para transformar los recursos físicos en zonas que cumplan con las recomendaciones sanitarias, las empresas incurrirán en nuevos gastos (mamparas, geles hidroalcohólicos, mascarillas, la compra de dispositivos portátiles para aquellos que trabajaban con ordenadores de sobremesa) que no estaban previstos. Mención aparte para aquellas empresas —pequeñas y grandes— que directamente necesitan mayores espacios o que han tenido que pagar los alquileres de sus oficinas a pesar de que estas han permanecido vacías. Todo este gasto, en un momento de gran incertidumbre económica, con las listas del paro al alza y justo cuando más se necesitan mecanismos efectivos para la creación de empleo y la sostenibilidad de las empresas, suponen un problema adicional para los negocios que han conseguido salir adelante.
Al margen de este desbarajuste económico, los departamentos de Recursos Humanos se han encontrado con una situación nueva: ni las leyes de prevención de riesgos laborales ni los convenios colectivos contemplan apartado o anexo alguno relacionado con las pandemias. Se ha producido un vacío legal que se ha llenado de dudas. ¿Qué hacer si un miembro de la plantilla desoye las recomendaciones sanitarias emitidas por su organización? ¿Puede el empleador punir de alguna manera a quien pone en peligro a sus compañeros? Según el Ministerio de Trabajo, la empresa, en efecto, puede sancionar al empleado, pero lo cierto es que la legislación laboral no dice nada al respecto.
Son muchas las organizaciones que consideramos que, a partir de ahora, cuando se negocien los convenios colectivos, se deberá incorporar un apartado específico sobre las pandemias para que los mecanismos de actuación y prevención queden claros. La legislación laboral no está preparada para situaciones excepcionales como la actual, lo que provoca una gran incertidumbre en todo el tejido empresarial. Asimismo, las empresas necesitan unos seguros médicos con capacidad para cubrir la realización de las pruebas que se puedan requerir, ahora o en el futuro, para preservar la salud de sus plantillas.
En esta delicada y excepcional situación, mientras esperamos a que se resuelvan estas y otras cuestiones, queda apelar a la responsabilidad individual para que las empresas, los verdaderos motores de creación de empleo, tengan las máximas garantías para que puedan continuar con su labor, preservando la salud de sus empleados y sabiendo qué hacer en determinados contextos. Es fundamental que aprendamos de esta situación, que sepamos lidiar con situaciones similares en el futuro y que los poderes públicos se cercioren de que facilitar el día a día a las compañías es el único camino para que avancemos como sociedad.
